La Eurocámara apoya
una norma para mejorar la protección de los consumidores frente a las hipotecas
La directiva, que todavía no ha sido aprobada de manera
definitiva, obliga al banco a evaluar la solvencia del consumidor según
estándares europeos para prevenir comportamientos de préstamos irresponsables y
le exige flexibilidad para clientes con problemas de pago de la hipoteca.
El pleno de la Eurocámara ha respaldado este martes una
norma cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión de créditos
hipotecarios como los que provocaron la burbuja inmobiliaria en España o
Irlanda y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en
caso de impago.
La directiva no ha sido sin embargo aprobada de forma
definitiva, ya que persisten las diferencias entre el Parlamento y los
Gobiernos sobre cómo supervisar desde la UE que los Estados miembros la
incorporen correctamente a sus legislaciones nacionales. Una vez que se pacte
esta cuestión, los países tendrán un plazo de dos años para transponerla.
"La nueva directiva pone fin a la desregulación del
mercado hipotecario europeo y consolida el préstamo responsable", ha dicho
el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, ponente parlamentario de la
norma. Su objetivo, ha resaltado el comisario de Servicios Financieros, Michel
Barnier, es "prevenir los comportamientos de préstamos irresponsables en
Europa y proteger a los consumidores".
Por su parte, el eurodiputado del PP, Pablo Zalba, ha
respaldado la nueva norma y ha sostenido que la legislación española
antidesahucios "sigue la línea" de esta directiva. El representante
de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha apoyado la directiva, aunque ha acusado a
la Comisión de ser una "sucursal de la gran banca" por haber vetado
el decreto andaluz antidesahucios.
La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la
dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de
crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente
tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que
hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación"
antes de iniciar un procedimiento de desahucio.
Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma
exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco
facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los
consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se prevén
mínimos inembargables en salarios y pensiones.
La directiva obliga al banco a evaluar la capacidad del
consumidor para reembolsar el crédito, introduciendo por primera vez estándares
a nivel europeo. Si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo, la
entidad deberá denegar la hipoteca.
Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto
estandarizado de información sobre la hipoteca que, según Bruselas, les
permitirá comparar ofertas e identificar la más barata y que más se ajusta a
sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos asociados con la
oferta, por ejemplo si es de tipo variable o está contratada en una divisa
extranjera.
Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia
porque la directiva prohíbe, en términos generales, ligar la concesión de la
hipoteca a la adquisición de otro producto financiero. No obstante, este
vínculo se permitirá en algunos casos como cuando se trata de seguros o de
productos de ahorro.
La directiva reconoce el derecho de los consumidores a
reembolsar la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros
libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco.
Los consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete
días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un
periodo de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.
La nueva norma pretende además crear un mercado único
hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte
europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado
miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los
fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de
forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus
clientes.
Fuente: www.yaencontre.com
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